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Sobre las simpatías y antipatías que genera la figura del tribunal del Jurado en España

José Antonio Tuero Sánchez, director de Tuero Sánchez Abogados y Presidente de la Sección de Abogados Penalistas en Ilustre Colegio de Abogados de Madrid colabora en Lawyerpress con un artículo sobre las simpatías y antipatías que generan los jurados en España.

La aproximación al Jurado, al menos en España, nunca ha sido pacífica, sino más bien polémica. Esta Institución del Tribunal del Jurado despierta grandes simpatías y antipatías profundamente irreconciliables. La implantación ha estado presente en la Inglaterra del Medievo, en la Francia revolucionaria y en la España liberal del siglo XIX.

El primer intento de instauración del Jurado arranca de las conocidas como Cortes de Cádiz. Si bien la Constitución de 1.812, La Pepa, no lo establece, solo lo anuncia. La primera Ley española del Jurado data de 1.872, y fue promulgada a partir de la revolución de 1.869. Posteriormente, en abril de 1.931, -días antes de caer la monarquía-, el Rey Alfonso XIII, mediante Real Decreto de 11 de abril, restableció el juicio por Jurados, que había sido suspendido por el Directorio Militar que presidía el General Primo de Rivera. Proclamada la II República, se instauró de nuevo el Jurado, y actualmente es un mandato imperativo establecido en el artículo 125 de la C.E.

El Jurado no es solo un Instituto procesal; es la participación del Pueblo en la Administración de Justicia, o dicho con más propiedad, en la aplicación de la Justicia, siendo un claro exponente de la representación popular en el procedimiento, al estar formado por un determinado número de ciudadanos que, al enjuiciar los hechos sometidos a su conocimiento, pronuncian su veredicto sobre la inocencia o culpabilidad de quien está sometido a su enjuiciamiento. La facultad del pueblo para conocer acerca del hecho y juzgar acerca del mismo se fundamenta en que el Poder, en general, -y por tanto el Judicial-, radican en el pueblo mismo.

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